Empleo público y función pública
Asesoramos y defendemos a servidores públicos en la defensa de sus derechos durante toda la relación de empleo con el Estado, desde el ingreso hasta el retiro. A las entidades públicas las acompañamos en la gestión de su talento humano en asuntos individuales y colectivos, en el diseño y reestructuración de sus plantas de personal y en la expedición de actos administrativos ajustados a derecho, con un enfoque preventivo del litigio.
Empleo público y
función pública
Personas naturalesPersona natural (aspirantes, servidores públicos y retirados)
• Ingreso, retiro y acompañamiento en la gestión de las funciones en los cargos de libre nombramiento y remoción, así como aquellos que implican ordenación del gasto; con un enfoque preventivo de responsabilidades. • Derechos de empleados de carrera administrativa, como lo son los encargos, comisiones, asuntos salariales y prestacionales, entre otros. • Estabilidad de empleados provisionales y protección especial por propensión, salud, maternidad o fuero sindical. • Controversia de la evaluación del desempeño y en las declaratorias de insubsistencia. • Defensa en el retiro de cargos de libre nombramiento y remoción y sus límites frente a los defectos en los actos administrativos. • Accidentes o enfermedades laborales de los servidores públicos: reclamación administrativa y/o judicial de sus derechos económicos. Acción nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos. • Orientación y asesoría a aspirantes en concursos de méritos.
Entidades públicas
• Diseño y ajuste de plantas de personal y procesos de reestructuración o modernización. • Actualización de manuales específicos de funciones y competencias laborales. • Planeación y acompañamiento de procesos de selección con la CNSC. • Provisión transitoria de empleos, encargos y nombramientos en provisionalidad. • Expedición de actos administrativos de nombramiento, retiro y situaciones administrativas. • Negociación colectiva con organizaciones sindicales de empleados públicos y trabajadores oficiales. • Prevención del litigio laboral administrativo y defensa judicial de la entidad.